Interesantes notas salieron el domingo en Clarín.
Una, sobre el control (o mejor, la falta de él) que el Gobierno realiza sobre los fondos fiduciarios.
Tratar de explicar en este ámbito el tema de estos fondos, sería meternos en un berenjenal. Lo importante es saber que de ellos sale el dinero para los subsidios a trenes y colectivos, con la excusa de frenar el aumento de las tarifas. También es importante saber que el dinero para esto depende de ciertos impuestos, con lo cual, con el aumento de la recaudación, aumenta el fondo.
El punto, y lo controvertido en relación a esto es que no hay un control serio sobre la forma en que se distribuye la plata, por qué motivos y a quiénes se la están dando. Y esto se agrava teniendo en cuenta que los fondos cada vez son mayores: según Clarín, en tres años el Gobierno manejó 31 mil millones de pesos, lo que representaría el 40% del gasto total de este año.
Justamente el más problemático de estos fondos es el correspondiente al Sistema Integrado de Transporte (SIT), que este año manejará casi 2 mil millones de pesos distribuidos entre empresas viales y de transporte.
El SIT nació a mediados de 2001 con una tasa al gasoil. De ese dinero un 20% se destinaba a financiar obras en el sector ferroviario. Luego de la crisis de fines de ese año, se empezaron a manejar los recursos del SIT para subsidiar las tarifas de trenes y colectivos. Así, a mediados de 2005, la compensación para trenes, colectivos y camiones pasó a conformar el 65% de este sistema.
Como desde que asumió Kirchner la prioridad de su gestión fue impedir el aumento del pasaje del transporte, hoy por hoy esos fondos son considerados "vitales" tanto por el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, como por las empresas del sector, para mantener en funcionamiento el sistema de transporte. Por el congelamiento de las tarifas se calcula que este año se gastarán por lo menos de $1.200 millones en subsidios a las líneas de colectivos y a los trenes metropolitanos. Y de esta manera se estima que hoy los empresarios están recaudando más por los subsidios que por el precio de los pasajes.

Ahora bien. Es interesante que crucemos esta información con la brindada por el Defensor del Pueblo de la Nación en el informe publicado en la página de internet del organismo, titulado "La afectación permanente de los derechos humanos de los usuarios de los ferrocarriles del área metropolitana". Allí se presentan los fundamentos de la demanda que el Defensor expuso ante la justicia el 28/07/2005.
Respecto del tema de los subsidios, el Defensor destaca que, según una Resolución del año 2002, los requisitos para recibir y mantener el derecho a la percepción de este dinero son, entre otros:
* Mantener o mejorar los programas de seguridad operativa y mantenimiento de los servicios ferroviarios de superficie y subterráneos que se prestan a la fecha (...)
* Realizar el mantenimiento inherente al efectivo mejoramiento de las condiciones de confort para el usuario, en particular en lo relativo al interior de coches y estaciones. Dichas acciones deberán ser comunicadas mensualmente a la Secretaría de Transporte.
* Tomar a su cargo las erogaciones correspondientes a los servicios de policía adicional, en todo el ámbito de la Red Ferroviaria Metropolitana (...)

Frente a esto y ante las innumerables denuncias recibidas, la Defensoría realizó inspecciones en varias etapas, desde marzo de 2002 a julio de 2005 en los ramales Constitución-La Plata y Constitución-Ezeiza de la línea Roca, concesionadas a la empresa METROPOLITANO S.A.; Once-Moreno, del ramal Sarmiento, concesionado a TBA S.A.; y en la línea Retiro-Pilar y Retiro José C. Paz, hoy concesionado por el Estado y operado por una Unidad de Gestión Operativa (recordemos que la administraba METROPOLITANO S.A. y se la sacaron).

Luego de realizadas estas inspecciones, el Defensor llegó a una conclusión que todos ya conocemos y que está anticipada en el título del informe: no hay mejoras, no hay obras, y se violan sistemáticamente los derechos humanos de los usuarios que se ven obligados a viajar en condiciones terribles.

Ya en el año 2002, elevaron un informe al Ministerio de Economía aconsejándole que se abstuvieran de asignar subsidios a las empresas de ferrocarriles del Área Metropolitana ya que de esa manera se estaba premiando la mala calidad del servicio público, se estaban violando leyes y no había garantías de que fueran utilizados como corresponde.
Entre las fallas más importantes que la Defensoría había observado en ese momento, se cuentan:
* Falta de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidades motoras.
* Malos o inexistentes servicios sanitarios.
* Falta de limpieza y mantenimiento de las estaciones.
* Cierre de accesos alternativos.
* Personal de seguridad abocado al control del ingreso y egreso de pasajeros, descuidando la seguridad de los usuarios.
* Vagones en mal estado y carentes de limpieza; ventanillas, asientos y puertas rotas.

Luego, en Octubre de 2003, cuando en lugar de mejorar los hechos se habían agravado, la Defensoría "recomendó a la Secretaría de Transporte de la Nación que adopte las medidas que resulten necesarias a los fines de evitar que las empresas TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL SAN MARTÍN S.A. y TRANSPORTES METROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. continúen:
a) violando los derechos fundamentales de las personas y los derechos del consumidor;
b) deteriorando el patrimonio nacional; y
c) violando sistemáticamente los contratos de concesión."

En el caso de METROPOLITANO S.A. el Defensor también se pregunta por qué, más allá del mal manejo de los subsidios, no se le rescindió la concesión del ferrocarril, ya que según los contratos, si la empresa entra en concurso debería tomarse esa medida. Y, justamente, la concesionaria del Ferrocarril Roca se encuentra en concurso.

En fin, el informe es bastante largo y tiene muchas cosas interesantes para analizar (aunque seguramente muchas ya las conozcamos...).

Conclusión: Desde el año 2002 la Defensoría del Pueblo de la Nación viene advirtiendo al Estado Nacional acerca de la mala administración de subsidios frente a la calamitosa situación en que se ven obligados a viajar los usuarios de los ferrocarriles.
Sin embargo, siempre con la excusa de que buscan no aumentar la tarifa del pasaje (que, no sé si recuerdan, ya habían aumentado en el año 2000, cuando el mínimo pasó de $0,40 a $0,50), las empresas siguen haciendo negocios a costa de los pasajeros.
Hoy está en conflicto el tema de la asignación de subsidios, pero no porque a alguien le preocupen los usuarios de trenes. Lo único que sucede es que se disputan la administración de una caja que, en realidad, es una importante cuota de poder.
Sería interesante, para una próxima oportunidad, tratar de averiguar quienes son los dueños de estas empresas y qué relaciones tienen tanto con el Gobierno como con otras empresas del sector. Un ejemplo ya conocido es el caso de los dueños de TBA: el grupo Cirigliano no sólo es el concesionario del Sarmiento, es dueño del grupo Plaza (colectivos, el grupo que compró el viejo Transportes del Oeste), también de fábricas de material ferroviario y carrocerías para micros (negocio redondo!!), de Lua Seguros (respaldo, claro!) y, hace poco, adquirió la línea aérea Southern Winds.

Los dejo, que ya la hice demasiado larga.
Traten de visitar la página del Defensor del Pueblo y leer el informe: es muy interesante.

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Escrito por María Petraccaro el 18 julio 2006 a las 5:57 p. m.